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Una funcionaria de la Corte estudia en España y cobra sueldazo

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Paola Elizabeth Silguero Aguilar (28) figura con el cargo de “operador informático I” y está en el Consejo de Superintendencia de la Corte. Desde septiembre del 2025 estudia en Madrid, pero cobra todos los meses su sueldo de G. 11.160.000. La prórroga de su licencia con goce de sueldo ya fue ordenada por el Consejo.

La funcionaria se recibió de abogada en diciembre del 2021. En febrero del 2022 ya pasó a trabajar en el Consejo de Superintendencia y recién en mayo del 2022 realizó su juramento como profesional del Derecho, según datos abiertos de la máxima instancia judicial de la República.

Su nombre saltó en el dictamen N.º 835/2026, ordenado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón, a raíz de publicaciones que dieron a conocer que su nuera, la relatora del alto tribunal Analía Carrillo, había accedido a una licencia de capacitación en Barcelona, con goce de sueldo. Inicialmente el permiso fue por un año y luego se prorrogó.

En dicho documento, firmado por el asesor jurídico de la Corte, Samir Armele, se mencionó a Silguero como otra funcionaria que también accedió al beneficio junto con Carrillo, lo que probaría que no se trató de un “privilegio” dirigido únicamente a la nuera de Martínez Simón.

Sin embargo, los datos publicados sobre Silguero también resultan llamativos. Su ingreso al Poder Judicial se dio en junio del 2017, según consta en su declaración jurada ante la Contraloría. Cuando eso contaba con solo 19 años y trabajó como contratada a cargo del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, Secretaría N.º 7.

El 23 de octubre del 2018 ya fue nombrada como “técnico jurisdiccional III”. El portal de la Corte no aclara si llegó a concursar para el cargo. Como ya se señaló, se recibió de abogada en diciembre del 2021 y, en febrero del 2022, ya ocupó un cargo en la Corte.

Desde enero del 2023, comenzó a cobrar G. 1.000.000 por “responsabilidad en el cargo”. Su salario era de G. 5.081.235. Pero no por mucho tiempo. Ya en julio del 2023, su remuneración trepó hasta los G. 11.800.000, ya que se le sumaron G. 6.718.765 en concepto de “diferencia salarial”. Su sueldo volvió a incrementarse hasta los G. 12.600.000 a partir de octubre del 2023.

En todo ese periodo, siguió figurando como “operador informático I”, tanto en el portal de la función pública, como en lo que ella misma declaró ante Contraloría. No obstante, en su perfil de LinkedIn figura que es “relatora de la Corte Suprema de Justicia”.

Además, Silguero figura como docente en la Universidad Católica, donde sería colega del ministro Luis Benítez Riera, actual vicepresidente primero de la Corte.

Desde diciembre del 2024, comenzó a cobrar G. 360.000 en concepto de “bonificación por grado académico” y desde septiembre del 2025, cuando entró a regir su licencia con goce de sueldo, su salario cayó a G. 11.160.000, que es el sueldo que percibe actualmente sin trabajar.

De acuerdo con la mencionada red social, la funcionaria comenzó a estudiar el máster en Investigación Jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid. Silguero fue adjudicada con una beca de BECAL.

Según el dictamen de Armele respecto a este tipo de permisos, “su finalidad no consiste simplemente en autorizar una ausencia prolongada con percepción de remuneración, sino en favorecer la capacitación del personal en materias relacionadas con las funciones que desempeña, con miras a que los conocimientos adquiridos sean posteriormente aplicados en beneficio de la institución y del servicio de justicia”.

Una revisión en el sitio web de la universidad donde llevó a cabo el curso revela que los estudiantes inician las clases en septiembre y las finalizan entre junio y julio del año siguiente. Es decir, su máster concluyó este año. Sin embargo, para agosto ya tenía vigente la prórroga otorgada por la Corte, aunque no se menciona por cuánto tiempo ni a razón de qué.

Fuente: observador.com.py

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